El Ministerio de Justicia participará en la mejora de la reforma concursal
Rafael Catalá anunció ayer que entre las prioridades del Ministerio de Justicia se encuentra la reforma de la Ley Concursal, que hasta ahora era asunto exclusivo del Ministerio de Economía, y antes del final de su tramitación parlamentaria intervendrán la Comisión de Codificación y los jueces mercantiles.
De esta forma, Economía y Justicia unificarán sus esfuerzos para lograr que, antes de que acabe esta legislatura, España disponga de “un Derecho concursal a la altura de las necesidades” de la economía y la sociedad del país, tal y como explicó en el transcurso de su intervención en una jornada organizada por Economía y Justicia.
Sobre la Ley actual se han realizado tres reformas: la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; el Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial; y el Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal.
Para Miguel Temboury, subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad, las reformas abordadas hasta ahora han dado lugar a una normativa “equilibrada, porque es respetuosa con la realidad, no vulnera la retroactividad de derechos ya consolidados, y es un marco jurídico estable, con un amplio grado de consenso político”.
Como valoración de las últimas medidas aprobadas, Temboury facilitó datos de la Asociación Española de Banca, según la cual 4.000 millones de euros se han beneficiado de los nuevos procedimientos. La media de las operaciones ha sido de 50 millones para las grandes empresas y de cinco millones para las pymes.
Principales incongruencias
“La respuesta que estamos obteniendo casi de forma unánime parte de una valoración positiva de muchas de las medidas, si bien se pone de manifiesto que tienen un cierto grado de descoordinación y que generan un número de dudas importantes que podrían dificultar su aplicación o la puesta en marcha de los instrumentos creados”, comentó el ministro.
Antes de este anuncio, el magistrado Santiago Senén, titular del juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, y el catedrático de Derecho Mercantil, Ángel Rojo, tras reconocer que las diferentes reformas de la Ley Concursal han sido eficaces, repasaron algunas de las principales incongruencias que deberían ser incluidas en la próxima revisión.
Así, destacaron los problemas que genera la tasación en la ampliación de los créditos ordinarios; la posibilidad de que te puedan dar otra cosa diferente al crédito, incluso acciones de sociedades con cláusulas limitativas; la falta de mecanismos para que el juez pueda depurar el pasivo; la situación de las personas con doble garantía hipotecaria y no hipotecaria; la retención del 10 por ciento de la masa; y el peaje que hay que pagar a la Seguridad Social en las compras de las unidades productivas.
También, apuntaron las incongruencias que genera la eliminación de las limitaciones del artículo 100, que regula la propuesta de convenio, con las introducidas en el artículo 124, que regula las mayorías precisas para aprobar propuestas de convenio; el tratamiento de las pymes y microempresas; y el sobreendeudamiento de personas físicas, que -según Senén-, no fue bien resuelto por la Ley de Consumidores, “que se hizo deprisa y sin aceptar opiniones de expertos”.
Novedades a introducir
El ministro Catalá señaló tres líneas de trabajo que pasan por la necesidad de conseguir que tanto los acuerdos de refinanciación como los extrajudiciales de pago superen los obstáculos que aún tienen, “de modo que sean una alternativa real al concurso”. En segundo lugar, la mejora de los procedimientos, centrada en la simplificación y en la agilización de los mismos. Y, como tercera línea de trabajo, marcó la necesidad de mejorar la administración concursal.
Entre las soluciones que se van a incluir en la elaboración del Real Decreto-Ley, para convalidarlo como ley en el Parlamento, la depuración de la actual lista de administradores concursales, que tienen que manejar los jueces para las designaciones, que en la actualidad cuenta con 50.000 personas incluidas, lo que la hace inmanejable, además de estar plagada de gente sin experiencia.
También destacó la necesidad de poner en marcha el Estatuto del Administrador Concursal; el Registro Público; o la figura del mediador concursal, que supondría una importante descarga de trabajo para los jueces mercantiles.
Según explicó el administrador concursal Francisco Vera, en España sólo 5.000 profesionales han afrontado un concurso en ocho años. De ellos, 3.000, dos veces. Y 250 han participado en ocho concursos.
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