La futura Ley discrimina al mediano y pequeño auditor
“Los auditores queremos que la legislación sea igual que la del resto de la Unión Europea, porque el Anteproyecto de Ley incluye requisitos, que son trabas, que elevan el número de exigencias y hacen que el mercado español sea más complicado”, afirma Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), entidad que agrupa al 60 por ciento de los ejercientes en España, fundamentalmente pequeños y medianos.
La opción elegida por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac) en su último borrador de Anteproyecto de Auditoría, que el pasado lunes estuvo accesible durante un rato en su web, une conceptos de la Directiva comunitaria y del Reglamento, lo que lleva a la aplicación de requisitos pensados para los auditores que realizan informes sobre las entidades de interés, que en España son 8.000 frente a las 800 que hay en Alemania o las 25.000 designadas en la UE.
No obstante, el nuevo texto especifica que a partir del día siguiente al de la publicación en el BOE de esta ley quedarán sin efecto los umbrales de importe neto de la cifra de negocios y de plantilla media recogidos en el artículo 15.1.e) del Reglamento que desarrolla la actual Ley de Auditoría, para considerar que una entidad es de interés público, hasta que se publique un reglamento con los nuevos límites.
Cincuenta opciones distintas
Para el presidente del REA, esta futura norma debería entrar en vigor después de que se conozcan las opciones elegidas por el resto de los países europeos, cosa que no sucederá hasta 2016.
“Queremos que la norma sea equiparable al resto de los países porque la Directiva y el Reglamento comunitarios dan más de 50 opciones diferentes para elegir y aquí se ha optado por 10 años para la rotación de firmas y cinco para la de auditor, lo que afecta directamente a la economía española, ya que las auditoras de otros países competirán sin estas trabas”.
Los objetivos del REA buscan que se introduzcan en la ley aspectos que favorezcan la transparencia financiera y aporten eficiencia al mercado. Además, su interés es que se proteja y facilite la labor de los pequeños y medianos auditores y que puedan cumplir el papel que les exige el mercado. Y, finalmente, “la voluntad de la corporación es de diálogo estrecho con el Ministerio de Economía y Competitividad para que podamos tener una Ley moderna y Europea”, explica Puig de Travy.
El nuevo borrador de Anteproyecto de Ley, que estará durante diez días a disposición de las instituciones y expertos que deseen hacer observaciones, considera Puig de Travy que impone limitaciones a la libertad de empresa en su artículo 11.c, al establecer que “en todo caso, no podrán inscribirse como sociedades de auditoría las sociedades en las que exista identidad sustancial con otra ya inscrita. Se entiende que existe identidad sustancial cuando se compartan socios o auditores de cuentas que constituyan la mayoría del capital social o del órgano de administración”.
También en el REA ven con preocupación que el Icac podrá a través de un reglamento dictar requisitos para poder auditar a las entidades de interés, lo que dejará en manos del Gobierno de turno la adopción de estas medidas.
Y finalmente, preocupa a los economistas auditores, las trabas puestas a los jóvenes que acceden a la profesión, lo que piensan que desanimará a muchos de los mejores.
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